Preocupa la posible pérdida de
sitios arqueológicos en la zona
Yacimientos milenarios se encontrarían en peligro de perderse para siempre por el avance en la construcción de barrios cerrados en humedales de la zona del delta, según la manifiesta preocupación del Centro de Registro Arqueológico y Paleontológico, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia, que, ante esa eventualidad, solicitó la implementación de evaluaciones de impacto arqueológico antes de la edificación de emprendimientos inmobiliarios.
La expansión de urbanizaciones cerradas hoy se prolonga hasta Escobar, donde Constantini está por hacer Nordelta II, EIDICO también desarrolla Haras Santa María (360 has) y San Sebastián (1100 has); JP Urruti hace lo suyo con El Cantón (500 has), y EIR S.A. levanta El Nuevo Cazador (400 has).
En estas zonas se produjo, como se sabe, un conflictivo encuentro entre los conquistadores europeos y los pueblos originarios y se desarrolló la Batalla de Corpus Christi, primer episodio militar entre una federación de naciones originarias, Chaná, Timbú, Querandíes y Guaraníes, y los soldados de Pedro de Mendoza, en el año 1536. Y no es novedad que se presume que la primera Buenos Aires pudiese haberse establecido en dicha zona aledaña a la barranca de El Cazador, donde actualmente se efectúa un trabajo de relleno para construir un barrio privado, con el supuesto peligro de que se sepulte la posibilidad de avanzar en los estudios para corroborar aquella versión historiográfica.
El coordinador del Centro de Registro, arquéologo Fernando Oliva, señaló que el delta es un "área clave sobre la que se debe trabajar, no solamente a través de un organismo regulatorio, sino que tiene que ver con cuestiones más amplias como la educación y la protección del patrimonio". Oliva demandó la preservación de los sitios que aún no fueron destruidos, aunque señaló que actualmente no es "obligatorio" realizar una evaluación de impacto arqueológico, motivo por el cual "se dificulta la intervención del Centro de Registro", cuando se trata de obras de gran envergadura. "Hay muchos intereses en el juego, el gran desafío es armar el tema de evaluación de impacto y monitoreo, porque uno no puede parar todas las obras, hay que ver cuándo es o no importante el área", indicó.
Puntualizó que la evaluación de impacto arqueológico, es "el gran punto pendiente", ya que la normativa vigente, nacional y provincial, no es específica en este sentido. "Hay que hacer foco en esta cuestión, estamos trabajando para eso, porque está la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que en esto es muy amplia. La legislación provincial tampoco es específica para lo arqueológico y por eso éste es el punto central en que vamos a trabajar: evaluación de impacto y monitoreo de obras", expresó Oliva.
Asimismo, dijo que la implementación de la evaluación de impacto arqueológico "generaría una revolución con respecto al tema, que representaría una amplia decisión política" y adelantó que desde el Centro de Registro están trabajando en ese sentido: "Hay un proyecto que nosotros estamos elaborando que va en esa línea, que es justamente prever ese tipo de situaciones, ese el gran tema a desarrollar en los próximos 20 años en la protección del patrimonio arqueológico".
Por otra parte, manifestó que la ciudadanía en general no tiene una conciencia de protección del patrimonio y que en particular en Buenos Aires no hay un reconocimiento hacia los pueblos originarios y la historia pre-hispánica. En este sentido, es de destacar que la carta magna bonaerense no reconoce la preexistencia étnica indígena, en contraposición a la Constitución Nacional.
"Lo arqueológico es una concepción que nos habla del pasado más distante y nosotros vivimos en una sociedad que en general ha tenido un sentimiento de desarraigo, de no pertenencia a ese pasado, de no considerarlo propio. Una de las acciones centrales es coordinar y co-formar, refundar esta identidad", expresó Oliva.
Finalmente, el arqueólogo remarcó que en Buenos Aires vivieron sociedades indígenas por más de 10 mil años y que no hay un conocimiento pleno de lo que significa cuidar ese patrimonio. "El problema radica en que se produjo una guerra durante la constitución de la provincia, en donde se puede decir que hubo comunidades indígenas que fueron eliminadas y delitos de lesa humanidad", declaró Oliva.
