Suspenden las obras en un barrio privado
Un Juzgado de Trabajo de San Isidro ordenó que sean suspendidas las obras que se estaban desarrollando para construir un barrio privado en El Cazador, haciendo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el abogado ambientalista Mario Capparelli a través de una ONG.
El tribunal del Trabajo Nº 5, que tomó el caso por sorteo, fundamentó su medida en la inexistencia de "una aprobación administrativa por parte del Municipio que legitime la realización de las obras" -hasta ahora solo consistirían en movimientos de suelo- para la construcción del barrio El Cazal.
"La ausencia de una expedición sobre la declaración de impacto, así como la falta de información y debate ciudadano, aparecen configurando un cuadro objetivo de riesgo urbano ambiental", consideraron los jueces en su fallo, dando así lugar a la medida cautelar que Capparelli solicitara por intermedio de la Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (Adecavi) y con el patrocinio legal del experto letrado Roland Arazi.
Los magistrados María Cristina Liñero, Norberto Mario Castelli y Ricardo Oscar González también tuvieron en cuenta que, en noviembre de 2007, la empresa Aguas Bonaerenses informó a los responsables del emprendimiento que resultaría "técnicamente inviable la posibilidad de brindar el servicio de cloacas y agua potable". Además, los inversionistas no habrían cumplimentado a la fecha una serie de requisitos exigidos por el Municipio en octubre del año pasado.
La resolución judicial, que llegó a ese tribunal por sorteo, fue notificada la semana pasada a la Municipalidad y a quienes están vinculados al desarrollo de ese importante emprendimiento urbanístico: las sociedades anónimas EIR, Bapro Mandatos y Negocios, Pentamar y El Nuevo Cazador.
Un Juzgado de Trabajo de San Isidro ordenó que sean suspendidas las obras que se estaban desarrollando para construir un barrio privado en El Cazador, haciendo lugar a un recurso de amparo interpuesto por el abogado ambientalista Mario Capparelli a través de una ONG.
El tribunal del Trabajo Nº 5, que tomó el caso por sorteo, fundamentó su medida en la inexistencia de "una aprobación administrativa por parte del Municipio que legitime la realización de las obras" -hasta ahora solo consistirían en movimientos de suelo- para la construcción del barrio El Cazal.
"La ausencia de una expedición sobre la declaración de impacto, así como la falta de información y debate ciudadano, aparecen configurando un cuadro objetivo de riesgo urbano ambiental", consideraron los jueces en su fallo, dando así lugar a la medida cautelar que Capparelli solicitara por intermedio de la Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (Adecavi) y con el patrocinio legal del experto letrado Roland Arazi.
Los magistrados María Cristina Liñero, Norberto Mario Castelli y Ricardo Oscar González también tuvieron en cuenta que, en noviembre de 2007, la empresa Aguas Bonaerenses informó a los responsables del emprendimiento que resultaría "técnicamente inviable la posibilidad de brindar el servicio de cloacas y agua potable". Además, los inversionistas no habrían cumplimentado a la fecha una serie de requisitos exigidos por el Municipio en octubre del año pasado.
La resolución judicial, que llegó a ese tribunal por sorteo, fue notificada la semana pasada a la Municipalidad y a quienes están vinculados al desarrollo de ese importante emprendimiento urbanístico: las sociedades anónimas EIR, Bapro Mandatos y Negocios, Pentamar y El Nuevo Cazador.
