El tema de la semana
fue la inseguridad
Los dos crímenes ocurridos en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, armaron un jaleo mayúsculo por la cercanía de las víctimas con personajes de amplia fama como Susana Giménez y "Guillote" Cóppola, dos personas con no muy buenos antecedentes para hablar mal de los delincuentes. La presentadora estuvo vinculada a dos resonantes casos de estafa ; el caso del dinero que nunca pagó a la Fundación Felices los Niños, que dirigía el cura Grassi (Otro que tire y pegue); cuando compró un auto importado con una franquicia para discapacitados y, cuando saltó la liebre, lo escondió bajo una parva de paja.
Ella sostiene que " el que mata tiene que morir" pero no se recuerda que haya opinado así cuando su ex pareja Carlos Monzón fue condenado por el homicidio de Alicia Muñiz. Para la diva los derechos humanos son "una pavada".
La blonda estrella de la pantalla boba recogió importantes e impensados apoyos de otros famosos. Aunque el delito del que fue víctima su florista es de orden privado, todo parece indicar que lo cometieron taxi boys, por lo cual un defensor de la diversidad sexual como Fernando Peña fue quien más duro le pegó. En su columna del diario que dirige Jorge Lanata opinó que "Susana es una gorda de mierda que no leyó un libro en su vida". Parece que "Crítica de la Argentina" se suma a los periodistas faranduleros que arman un falso debate para aumentar el rating.
El ministro Arroyo, quien está encargado de los planes de desarrollo social en la provincia, señaló que en todo el territorio hay 355 menores, de entre 16 y 18 años, procesados por delitos graves; que hay 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, y que uno de los planes vigentes para atacar esa situación de marginación crónica, alentando el regreso a las aulas con becas y otros estímulos, alcanza a solo 105.000 chicos en esa franja etaria. El ministro habló muchas veces de que existe un núcleo duro que no se incorpora a los circuitos de la normalidad ciudadana.
Lo que nadie se acuerda es que, desde la modificación de la Constitución en 1994, en el país tiene rango constitucional el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe a sus firmantes imponer la pena de muerte. Por lo que, para imponer dicha sanción, primero habría que llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente Nacional para que desconozca dicho pacto; que en verdad significa un enorme paso adelante, histórico en la lucha contra las brutalidades de los poderosos.
Aunque prácticamente casi en ningún caso se logra verificar, en todo este enrevesado debate se da por sentado que quienes ejercen violencia son negritos villeros, drogadictos e incorregibles, por lo que el debate arranca desde una posición discriminatoria en relación a la clase social asociada al color de piel cuando en la Argentina, después de los genocidios de indios y negros, todos somos de la misma raza.
Otro olvido: Cuando en la Argentina existió la pena de muerte y los militares dejaron al país convertido en un cementerio; cuando eran ellos los dueños de la vida y la muerte, no aprovecharon para "limpiar" ni a un solo narcotraficante.
