para quedarse con el basural
Está claro que el intendente Sandro Guzmán, entre sus prioridades, tomó nota del masivo descontento de los escobarenses con el basural isleño. Y se sabe que sus relaciones con la empresa Transportes Olivos no son precisamente buenas. En 2001, en medio de un conflicto gremial, ordenó que los camiones municipales descargaran sus residuos en el portón del complejo ambiental de la ruta 25, donde no los dejaban entrar. Y apenas se sentó en el sillón de Lambertuchi, dispuso que todos los deshechos sólidos del distrito sean arrojados en el Ceamse. Pero como la cuestión de fondo, erradicar el denominado "relleno sanitario", aún sigue pendiente, el gobierno estaría dispuesto a crear una nueva tasa para que con el dinero de los contribuyentes se puedan adquirir esas tierras y cumplir así el deseo popular de salvaguardar, si todavía es posible, esos dañados humedales del Delta.
La idea, que trascendió de manera no oficial, contempla una serie de medidas que todavía no se conocen claramente. Según confiaron a este medio fuentes del Ejecutivo, lo que estaría decidido es generar un ingreso fiscal extraordinario para afectarlo a la implementación de distintas políticas ambientales. No pudo saberse fehacientemente si esto se haría a través de una nueva gabela -"la tasa verde", como la mencionan en los despachos del gobierno- o mediante una contribución obligatoria que se anexe en alguno de los tributos ya existentes.
Como sea, esta imposición recaería sobre todo el universo de contribuyentes del distrito y tendría carácter progresivo. Es decir, pagarían más quienes tengan mayor capacidad adquisitiva. Se hablaba, al menos en principio, de una alícuota del 15% sobre el valor actual de las partidas.
Con los primeros fondos que se obtengan a través de este recurso, el Municipio compraría, aparentemente en cuotas, una gran parte de las ciento ochenta hectáreas que tiene a su nombre la empresa Transportes Olivos, entre ellas las que utiliza para la disposición final de residuos. El monto de la operación se desconoce, aunque dicen que se estaría hablando de un volumen de ocho millones de pesos, o al menos ese sería el número que los dueños del basural habrían puesto sobre la mesa de negociaciones.
Las fuentes consultadas, pese a su reserva, sugirieron que en los próximos días podría mediar algún anuncio oficial respecto a la iniciativa. No obstante, la generación de un nuevo gravamen deberá contar para su implementación con el voto favorable del Concejo Deliberante, en asamblea de concejales y mayores contribuyentes. A juzgar por la mayoría casi absoluta del gobierno en las bancas podría arriesgarse que el Ejecutivo no tendría dificultades en que se cumpla su voluntad, aunque en este caso seguramente será determinante la reacción de la opinión pública, que por ahora recién empieza a enterarse.
La idea, que trascendió de manera no oficial, contempla una serie de medidas que todavía no se conocen claramente. Según confiaron a este medio fuentes del Ejecutivo, lo que estaría decidido es generar un ingreso fiscal extraordinario para afectarlo a la implementación de distintas políticas ambientales. No pudo saberse fehacientemente si esto se haría a través de una nueva gabela -"la tasa verde", como la mencionan en los despachos del gobierno- o mediante una contribución obligatoria que se anexe en alguno de los tributos ya existentes.
Como sea, esta imposición recaería sobre todo el universo de contribuyentes del distrito y tendría carácter progresivo. Es decir, pagarían más quienes tengan mayor capacidad adquisitiva. Se hablaba, al menos en principio, de una alícuota del 15% sobre el valor actual de las partidas.
Con los primeros fondos que se obtengan a través de este recurso, el Municipio compraría, aparentemente en cuotas, una gran parte de las ciento ochenta hectáreas que tiene a su nombre la empresa Transportes Olivos, entre ellas las que utiliza para la disposición final de residuos. El monto de la operación se desconoce, aunque dicen que se estaría hablando de un volumen de ocho millones de pesos, o al menos ese sería el número que los dueños del basural habrían puesto sobre la mesa de negociaciones.
Las fuentes consultadas, pese a su reserva, sugirieron que en los próximos días podría mediar algún anuncio oficial respecto a la iniciativa. No obstante, la generación de un nuevo gravamen deberá contar para su implementación con el voto favorable del Concejo Deliberante, en asamblea de concejales y mayores contribuyentes. A juzgar por la mayoría casi absoluta del gobierno en las bancas podría arriesgarse que el Ejecutivo no tendría dificultades en que se cumpla su voluntad, aunque en este caso seguramente será determinante la reacción de la opinión pública, que por ahora recién empieza a enterarse.
