Se aprobó la creación de
la Defensoría del Pueblo
En una sesión que empezó el lunes y pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó con modificaciones el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo para la creación de la Defensoría del Pueblo. Si bien su tratamiento general contó con la aprobación de los veinte concejales, hubo votaciones divididas en varios artículos. Y en el décimo, que establece las incompatibilidades para desempeñar el cargo de ombudsman, sorprendió la abstención del mayoritario bloque oficialista.
El objeto que tendrá esta nueva institución pública, ya vigente en Capital Federal y numerosas comunas del país, será "la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de la administración municipal y concesionarias de servicios públicos o privados". Se trata de un órgano "unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad", según lo establece el artículo primero de la ordenanza, que quedó registrada con el número 4597/08.
"Estamos frente a un hecho que generará un crecimiento democrático para Escobar", auguró el lunes el presidente del bloque vecinalista, Alejandro Fedeli. En la misma sintonía, el titular de la bancada del PJ, Luis Carranza, aseguró que la Defensoría del Pueblo significará un "salto de calidad institucional", a la vez que abogó para que "no se la utilice con fines políticos ni comerciales" y que esté "al servicio de la gente".
Carranza también celebró la "decisión política del Intendente" de poner en marcha este organismo y recordó que desde el Concejo Deliberante se habían propiciado cuatro iniciativas a tal efecto en la última década. De hecho, el expediente girado por el Ejecutivo tenía fecha de origen en 1998 y su autoría correspondía al actual prosecretario administrativo del HCD, Diego López, por entonces concejal del Frepaso. A esa carpeta fueron adjuntados los proyectos de ordenanza que por el mismo motivo presentaron oportunamente "Larry" Biaggioni (2006), Carranza y el bloque de AVE (2007).
Como el proyecto del gobierno, compuesto por cincuenta artículos, había llegado a manos de los legisladores apenas una hora y media antes de la sesión ordinaria del lunes, los tres bloques coincidieron en aprobar ese día su tratamiento en general y pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles, para estudiarlo con más detenimiento. No obstante, el secretario de Gobierno, Hugo Cantero, y la directora general de Gestión Pública, Gisela Vergani, se retiraron conformes del recinto legislativo por el avance en la sanción de la norma.
En la segunda jornada, la concejal pattista Patricia Césari votó negativamente del tercer al décimo artículo, donde se fijaron el mecanismo y los requisitos para la designación del titular de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, la propuesta de nombres para ese cargo correrá por cuenta de la primera minoría, en este caso AVE, que deberá presentar un mínimo de dos candidaturas. Las mismas serán expuestas a un período de impugnaciones y observaciones por parte de la ciudadanía, mientras que la última palabra la dirán los concejales.
Según se calcula, el procedimiento demandará poco más de un mes, por lo que a fines de octubre podría estar realizándose la sesión especial para nombrar al primer ombudsman del distrito.
Artículo polémico
En una votación de singulares características, el artículo diez de la ordenanza para la creación de la Defensoría del Pueblo solo fue aprobado por los tres votos de Acción Vecinal, mientras que el oficialismo decidió abstenerse y el Paufe, como ya se dijo, se opuso de plano. En cuatro incisos, ese punto plantea las incompatibilidades para desempeñar el cargo. Ellas son: "a) el ejercicio normal, habitual o remunerado de cualquier actividad pública; b) el ejercicio de la actividad comercial, laboral o gremial, dentro o fuera del partido de Escobar; c) la participación y/o vinculación directa o indirecta en cualquier empresa, sociedad o persona jurídica y/o física vinculada con la Municipalidad de Escobar, bajo cualquier carácter, modalidad, tipo o forma contractual; d) candidatura/s a cargo/s público/s, gremial/es o político/s partidario/s".
La resistencia del PJ en aprobar este artículo se fundó en el segundo inciso, porque su texto no incluye incompatibilidades con el ejercicio de la actividad profesional, por lo que genera una diferenciación cuyo motivo no quedó claro y se prestó a suspicacias.
Requisitos
El artículo noveno determina que para acceder al cargo de Defensor del Pueblo se requiere ser argentino, una residencia mínima en el distrito de un año, reunir condiciones de idoneidad y conducta, "preferentemente poseer título de abogado con reconocida versación en derecho público" -otra expresión llamativa-, no encontrarse concursado, en estado de quiebra, inhibido o haber sido condenado por delito doloso o inhabilitado para el ejercicio profesional, ni haber desempeñado un cargo político, partidario o gremial en los últimos cuatro meses, entre otros ítems.
Funciones
El Defensor del Pueblo tendrá un mandato de cuatro años y deberá atender los reclamos o denuncias de particulares y entidades de la sociedad civil, velar por la correcta aplicación de la legislación vigente por parte de funcionarios y agentes, gestionar ante ellos una eficaz y rápida solución de los casos que se presenten, elaborar y presentar ante el HCD un informe anual de su actuación, solicitar informes referidos a las denuncias recibidas y formular recomendaciones o sugerencias que considere necesarias al respecto, aunque su alcance no será vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.
"Rosca política"
Las primeras críticas fuertes contra los términos en que se sancionó la ordenanza que crea la Defensoría del Pueblo partieron desde el PRO, cuya máxima autoridad distrital afirmó que la designación del ombudsman "tiene que ser de forma transparente y no digitada para un socio político". A través de un comunicado de prensa, Miguel Jobe también sostuvo que "el Concejo Deliberante está para legislar y controlar al Ejecutivo, no para ser una rosca política de su subsistencia".
