en una sesión al rojo vivo
Ante la incómoda y des-aprobadora presencia de militantes ecologistas, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó en asamblea por 37 a 2 la creación de la "tasa verde", que el gobierno municipal aplicará sobre todos los contribuyentes para desarrollar su programa de Salud y Educación Ambiental (SEA).
En un clima tenso desde el primer momento, el recinto parlamentario albergó el lunes a la noche a veinte concejales y diecinueve mayores contribuyentes -hubo una ausencia en el bloque de AVE- para dar tratamiento a las reformas fiscales y tributarias impulsadas por la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos del Municipio. La más resonante: la creación de una gabela mensual cuyo nombre específico pasó, por una cuestión conceptual, de "ecológica" a "de protección ambiental".
El proyecto enviado por el Ejecutivo, antes de ser votado, sufrió una completa modificación no solo en la denominación de la tasa sino en su articulado, ya que el oficialismo decidió retirar su definición inicial, en la que se contemplaba "la adquisición de bienes inmuebles", con la intención de aventar toda especulación sobre una posible compra del basural isleño, como había trascendido por la prensa. Según el nuevo texto, los fondos que se obtengan por el cobro del nuevo gravamen -el gobierno calcula que serán tres millones de pesos al año- serán destinados al "control, monitoreo, prevención, preservación del aire, suelo, agua, flora, fauna y cualquier otro dirigido directa o indirectamente al mantenimiento y optimización de la calidad ambiental".
A diferencia de la inmensa mayoría de las sesiones, que pese a ser abiertas y públicas tienen cero espectadores, esta vez el espacio destinado a ellos estaba ocupado por miembros de la Asamblea Ambientalista de Escobar, militantes del Partido Obrero, algún que otro vecino y el presidente de la ONG Esco-Delta, Hugo Lencina, quien tras advertir a viva voz de un futuro juicio a los concejales que avalaran la creación de la tasa se retiró del recinto. En ese marco, cargado de hostilidad, a varios concejales la incomodidad y el nerviosismo se les hizo evidente.
El presidente del bloque oficialista, Maximino Conca, intentó romper el hielo con un guiño hacia los ambientalistas con expresiones como "hoy sí, yo también digo basural y no relleno sanitario", pero no encontró el efecto buscado. Toda su alocución estuvo tapada por los reproches de los militantes ecologistas, que cuestionaban a los concejales con distintas acusaciones y no perdieron de vista que en las bancas había quienes en 1998 aprobaron la tristemente célebre ordenanza 2878, que permitió ingresar residuos de otros distritos al complejo de Transportes Olivos, sobre la ruta 25. A saber: el kirchnerista Luis Carranza y el macrista Miguel Jobe, a quien sugestivamente el pattismo presentó como mayor contribuyente. Este último, sin embargo, fue varias veces aplaudido al plantear los motivos de su desacuerdo con la implementación de un nuevo tributo.
"Esta tasa no es para los que contaminan sino para que la pague gente como Doña Rosa, que está en La Chechela", graficó Jobe. A lo que Conca respondería luego que así como "doña Rosa pagaría 74 centavos, un country pagaría 13 pesos y las industrias e hipermercados 72,50 pesos". Pero en su exposición, el otrora diputado nacional de pasado pattista también esgrimió que la generación de recursos para políticas ambientales ya estaba dada a través de la hasta hoy tasa por inspección de seguridad, higiene y protección del medio ambiente -ahora se suprimirán sus últimas cinco palabras-, que pagan industrias y comercios, así como por el canon que se cobra a Transportes Olivos por la recepción de residuos, del que por la misma ordenanza del ‘98 se debería afectar un 30% a acciones de reciclaje y campañas de concientización. Los elogios que recogió el dirigente opositor hicieron que Patricia de la Cruz pida la palabra para reforzar la postura oficialista.
La concejal de Maquinista Savio le espetó a Jobe su voto a favor de la ordenanza 2878 cuando presidía el Concejo Deliberante, a lo que este le replicó enseguida: "Algunos de sus compañeros también", en implícita pero clara referencia a Carranza y al funcionario municipal Hugo Cantero -de cuerpo presente en la asamblea-, que en 1998 era concejal por el justicialismo. En una alocución con tono de barricada, De la Cruz describió la finalidad del SEA y aseguró: "Con esta tasa estamos creando una conciencia ecológica. Somos el primer municipio en la provincia de Buenos Aires que toma esta iniciativa".
A esa altura, el griterío era permanente y los ánimos empezaban a crisparse. Los ambientalistas planteaban su desconfianza al oficialismo recordando que el intendente Sandro Guzmán autorizó en 2004, siendo secretario de Gobierno y Hacienda, el ingreso de residuos especiales al basural isleño, y que el ente fiscalizador de ese predio nunca cumplió su función. En la otra parte de la sala, mientras que el jefe de personal del Municipio, Juan Carlos Parlatto, respondía a las recriminaciones de los ambientalistas con frases del mismo tenor, Carranza dirigía a los suyos para irrumpir con aplausos cuando algún orador hablaba a favor del gobierno y levantó su mano bien alto cuando una activista pidió que se identificaran quienes estuvieran a favor de la "tasa verde".
Cuando pidió la palabra, Carranza soportó la enésima interrupción de la noche del ecologista Diego Luzuriaga, quien incisivamente le preguntó: - ¿Tiene algo para decir de lo que votó en el ‘98? Con una sonrisa socarrona, el concejal garinense contestó: - Después te invito y te explico.
Sin más argumentos de un lado y de otro, la votación nominal arrojó un resultado apabullante: los 37 concejales y mayores contribuyentes del PJ y de AVE autorizaron la creación de la "tasa verde", ante la solitaria oposición de Jobe y de la silenciosa concejal pattista Patricia Césari.
Cuando la asamblea llegaba a su fin después de votar el resto de los artículos de las nuevas ordenanzas Fiscal y Tributaria y ya casi no quedaban espectadores, el concejal Conca pidió por última vez el micrófono para agradecer "al público que se hizo presente expresando democráticamente sus conceptos".
En un clima tenso desde el primer momento, el recinto parlamentario albergó el lunes a la noche a veinte concejales y diecinueve mayores contribuyentes -hubo una ausencia en el bloque de AVE- para dar tratamiento a las reformas fiscales y tributarias impulsadas por la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos del Municipio. La más resonante: la creación de una gabela mensual cuyo nombre específico pasó, por una cuestión conceptual, de "ecológica" a "de protección ambiental".
El proyecto enviado por el Ejecutivo, antes de ser votado, sufrió una completa modificación no solo en la denominación de la tasa sino en su articulado, ya que el oficialismo decidió retirar su definición inicial, en la que se contemplaba "la adquisición de bienes inmuebles", con la intención de aventar toda especulación sobre una posible compra del basural isleño, como había trascendido por la prensa. Según el nuevo texto, los fondos que se obtengan por el cobro del nuevo gravamen -el gobierno calcula que serán tres millones de pesos al año- serán destinados al "control, monitoreo, prevención, preservación del aire, suelo, agua, flora, fauna y cualquier otro dirigido directa o indirectamente al mantenimiento y optimización de la calidad ambiental".
A diferencia de la inmensa mayoría de las sesiones, que pese a ser abiertas y públicas tienen cero espectadores, esta vez el espacio destinado a ellos estaba ocupado por miembros de la Asamblea Ambientalista de Escobar, militantes del Partido Obrero, algún que otro vecino y el presidente de la ONG Esco-Delta, Hugo Lencina, quien tras advertir a viva voz de un futuro juicio a los concejales que avalaran la creación de la tasa se retiró del recinto. En ese marco, cargado de hostilidad, a varios concejales la incomodidad y el nerviosismo se les hizo evidente.
El presidente del bloque oficialista, Maximino Conca, intentó romper el hielo con un guiño hacia los ambientalistas con expresiones como "hoy sí, yo también digo basural y no relleno sanitario", pero no encontró el efecto buscado. Toda su alocución estuvo tapada por los reproches de los militantes ecologistas, que cuestionaban a los concejales con distintas acusaciones y no perdieron de vista que en las bancas había quienes en 1998 aprobaron la tristemente célebre ordenanza 2878, que permitió ingresar residuos de otros distritos al complejo de Transportes Olivos, sobre la ruta 25. A saber: el kirchnerista Luis Carranza y el macrista Miguel Jobe, a quien sugestivamente el pattismo presentó como mayor contribuyente. Este último, sin embargo, fue varias veces aplaudido al plantear los motivos de su desacuerdo con la implementación de un nuevo tributo.
"Esta tasa no es para los que contaminan sino para que la pague gente como Doña Rosa, que está en La Chechela", graficó Jobe. A lo que Conca respondería luego que así como "doña Rosa pagaría 74 centavos, un country pagaría 13 pesos y las industrias e hipermercados 72,50 pesos". Pero en su exposición, el otrora diputado nacional de pasado pattista también esgrimió que la generación de recursos para políticas ambientales ya estaba dada a través de la hasta hoy tasa por inspección de seguridad, higiene y protección del medio ambiente -ahora se suprimirán sus últimas cinco palabras-, que pagan industrias y comercios, así como por el canon que se cobra a Transportes Olivos por la recepción de residuos, del que por la misma ordenanza del ‘98 se debería afectar un 30% a acciones de reciclaje y campañas de concientización. Los elogios que recogió el dirigente opositor hicieron que Patricia de la Cruz pida la palabra para reforzar la postura oficialista.
La concejal de Maquinista Savio le espetó a Jobe su voto a favor de la ordenanza 2878 cuando presidía el Concejo Deliberante, a lo que este le replicó enseguida: "Algunos de sus compañeros también", en implícita pero clara referencia a Carranza y al funcionario municipal Hugo Cantero -de cuerpo presente en la asamblea-, que en 1998 era concejal por el justicialismo. En una alocución con tono de barricada, De la Cruz describió la finalidad del SEA y aseguró: "Con esta tasa estamos creando una conciencia ecológica. Somos el primer municipio en la provincia de Buenos Aires que toma esta iniciativa".
A esa altura, el griterío era permanente y los ánimos empezaban a crisparse. Los ambientalistas planteaban su desconfianza al oficialismo recordando que el intendente Sandro Guzmán autorizó en 2004, siendo secretario de Gobierno y Hacienda, el ingreso de residuos especiales al basural isleño, y que el ente fiscalizador de ese predio nunca cumplió su función. En la otra parte de la sala, mientras que el jefe de personal del Municipio, Juan Carlos Parlatto, respondía a las recriminaciones de los ambientalistas con frases del mismo tenor, Carranza dirigía a los suyos para irrumpir con aplausos cuando algún orador hablaba a favor del gobierno y levantó su mano bien alto cuando una activista pidió que se identificaran quienes estuvieran a favor de la "tasa verde".
Cuando pidió la palabra, Carranza soportó la enésima interrupción de la noche del ecologista Diego Luzuriaga, quien incisivamente le preguntó: - ¿Tiene algo para decir de lo que votó en el ‘98? Con una sonrisa socarrona, el concejal garinense contestó: - Después te invito y te explico.
Sin más argumentos de un lado y de otro, la votación nominal arrojó un resultado apabullante: los 37 concejales y mayores contribuyentes del PJ y de AVE autorizaron la creación de la "tasa verde", ante la solitaria oposición de Jobe y de la silenciosa concejal pattista Patricia Césari.
Cuando la asamblea llegaba a su fin después de votar el resto de los artículos de las nuevas ordenanzas Fiscal y Tributaria y ya casi no quedaban espectadores, el concejal Conca pidió por última vez el micrófono para agradecer "al público que se hizo presente expresando democráticamente sus conceptos".
Ciro D. Yacuzzi
Mayores contribuyentes
Entre los mayores contribuyentes que acompañaban a los concejales justicialistas había algunas caras conocidas y llamativas. Por ejemplo, el actor Alberto "Paco" Fernández de Rosa, el ex funcionario del gobierno anterior Gabriel Pérez, el socio de Guzmán en la constructora AG y ex secretario de Obras Públicas de Luis Patti, Fabio Avena; y el ex precandidato kirchnerista a intendente Oscar Fontán. Claudio Retacco, Marina Musa, Lidia Ledesma, Héctor Herrera, Roberto Bollo, Leonardo Phatouros, Javier y Julio Díaz, Eduardo Santos Riesgo, Rosa Menza, Esteban Beliera y Jorge Piantanida -se excusó y fue reemplazado Carlos Brandán- completaron el resto de las bandas oficialistas. El bloque vecinalista que responde al ex diputado y radical K Roberto Costa presentó a Rocío Fernández y al ex concejal Arturo Capel, mientras que no pudo suplir la ausencia de Dante Scolari. La aparición de Jobe como aliado del pattismo generó diversas interpretaciones. Para algunos indicaría un claro acercamiento político, aunque para otros el Paufe le cedió espacio ante la falta de una voz mejor para contrarrestar al gobierno local.
Entre los mayores contribuyentes que acompañaban a los concejales justicialistas había algunas caras conocidas y llamativas. Por ejemplo, el actor Alberto "Paco" Fernández de Rosa, el ex funcionario del gobierno anterior Gabriel Pérez, el socio de Guzmán en la constructora AG y ex secretario de Obras Públicas de Luis Patti, Fabio Avena; y el ex precandidato kirchnerista a intendente Oscar Fontán. Claudio Retacco, Marina Musa, Lidia Ledesma, Héctor Herrera, Roberto Bollo, Leonardo Phatouros, Javier y Julio Díaz, Eduardo Santos Riesgo, Rosa Menza, Esteban Beliera y Jorge Piantanida -se excusó y fue reemplazado Carlos Brandán- completaron el resto de las bandas oficialistas. El bloque vecinalista que responde al ex diputado y radical K Roberto Costa presentó a Rocío Fernández y al ex concejal Arturo Capel, mientras que no pudo suplir la ausencia de Dante Scolari. La aparición de Jobe como aliado del pattismo generó diversas interpretaciones. Para algunos indicaría un claro acercamiento político, aunque para otros el Paufe le cedió espacio ante la falta de una voz mejor para contrarrestar al gobierno local.
